Al menos 41 reclusas fueron asesinadas el martes por la mañana en el centro de Honduras después de que estalló un motín en la única prisión de mujeres del país, uno de los brotes de violencia más mortíferos en el sistema penitenciario con problemas del país.
La mayoría de las víctimas habían sido quemadas, mientras que otras habían recibido disparos, dijo Yuri Mora, vocero de la fiscalía, quien agregó que se esperaba que el número de muertos aumentara mientras los investigadores registraban el centro de detención de Támara, cerca de Tegucigalpa, la capital.
Aunque la causa de la violencia no está clara, la prisión ha sido escenario de un conflicto continuo entre pandillas enfrentadas.
“Estamos consternados por la pérdida de vidas humanas”, dijo en una conferencia de prensa Julissa Villanueva, viceministra de seguridad y directora del sistema penitenciario de Honduras. El sistema penal del país, dijo, ha sido “secuestrado” por el crimen organizado.
El número de muertos del martes convierte al episodio en el motín carcelario más mortífero en años en el país centroamericano. A fines de 2019, cerca de 40 pandilleros fueron muertos en enfrentamientos en dos cárceles de hombres durante el mismo fin de semana.
Los asesinatos tienen aumentado en los últimos años en el penal de mujeres, donde varias reclusas fueron estranguladas o apuñaladas durante enfrentamientos entre mujeres pandilleras de dos organizaciones criminales rivales: la pandilla Calle 18 y la pandilla MS-13.
La presidenta del país, Xiomara Castro, dijo que estaba “conmocionada” por las muertes y prometió tomar “medidas drásticas” para responsabilizar a los responsables.
El motín fue “preparado por pandillas con el conocimiento de las fuerzas del orden”, tuiteó, sin dar más detalles.
Las pandillas MS-13 y 18th Street, rivales desde hace mucho tiempo de los Estados Unidos, han estado fomentando la violencia en Honduras y los países vecinos durante décadas.
Luchando por contenerlos, Castro ha declarado y extendido un estado de emergencia desde diciembre, suspendiendo ciertos derechos constitucionales y permitiendo que los agentes de seguridad detengan a personas que creen que pueden estar asociadas con pandillas.
El patrón es similar a un enfoque mucho más agresivo en El Salvador, donde la represión del gobierno contra la violencia de las pandillas ha hecho que las tasas de homicidio caigan en picado, aunque los grupos de derechos civiles dicen que ha llevado a arrestos arbitrarios masivos, hacinamiento extremo en las cárceles y tortura.
La estrategia de Honduras para combatir las pandillas ha llevado a una caída en la violencia este año, dijo la policía nacional, pero no tan abruptamente como en El Salvador.
Y la extorsión de las pandillas, “una de las principales causas de la inseguridad, de la migración, del desplazamiento, de la pérdida de la libertad”, según la Sra. Castro, sigue siendo un problema importante. A informe reciente por el capítulo local de Transparencia Internacional encontró que el 8.4% de los hogares hondureños continúan sufriendo extorsión, un poco menos que el 9% del año pasado.
La violencia no es poco común en las cárceles de Honduras y otros países centroamericanos donde las instalaciones superpobladas llenas de miembros de pandillas rivales proporcionan un terreno fértil para el malestar.
Un 2021 informe sobre Honduras de Human Rights Watch dijo que “el hacinamiento, la alimentación inadecuada, las malas condiciones sanitarias, las golpizas, la violencia entre bandas y los asesinatos de reclusos son rampantes en las cárceles”.
La Penitenciaría Nacional para la Adaptación Social de la Mujer en Honduras albergaba a unas 800 reclusas, aproximadamente el doble de su capacidad, según un funcionario del gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2020, registrado “varios hechos violentos” en cárceles hondureñas, incluso en el centro de mujeres, “donde no se había informado previamente de muertes violentas”. Algunos de estos incidentes “habrían sido perpetrados con armas de fuego y otro contrabando”, dijo la comisión.
Según las autoridades hondureñas, en las prisiones se ha encontrado contrabando, que incluye alcohol, drogas, pistolas, ametralladoras e incluso granadas. Los medios de comunicación locales informaron que algunos detenidos vaso de vino poder introducir armas de contrabando en las prisiones.
El gobierno hondureño dio a conocer en abril un plan para abordar la corrupción dentro del sistema penitenciario y tratar de reducir la violencia, lo que incluye garantizar que los reclusos estén desarmados y aislar a los que tienen vínculos con bandas criminales y el crimen organizado.
El motín mortal del martes fue “el producto de un ataque directo del crimen organizado a las acciones que estamos tomando deliberadamente”, dijo Villanueva a los periodistas, refiriéndose al impulso antipandillas de la Sra. Castro.
