El Gobierno aumentó la presión sobre el sector financiero para que remunere más el ahorro de las familias. La vicepresidenta sénior, Nadia Calviño, ha anunciado que los jóvenes han sido enviados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para una sobria investigación “si hay factores que estén afectando a los incentivos de la banca para retribuir los depósitos”. con la colaboración del Banco de España. El titular de Economía, además, no ha descartado que tras el análisis haya cambios normativos para forzar a las entidades. «Hemos encargado el a Competencia y después, posiblemente, veremos si es necesario algún cambio legislativo estudio».
De esta forma, el Ejecutivo da un paso más para tratar de forzar al sector a que commeience la guerra por el pasivo. Según los últimos datos disponibles del BCE, de abril, las entidades nacionales pagaron de medios a 1,33% a los hogares por los nuevos depósitos a plazo de hasta un año, muy por debajo del 2,27% que se anotó la zona euro. Y supone la mitad de rentabilidad que se ofrece en otros puntos de Europa como Italia (3,11%) o Francia (3,03%).
Sobre esta pregunta, La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, pidió una semana más herramientas para investigar la rentabilidad a corto plazo que ofrecía. Y seguro estar sorprendida por el hecho de que la banca no aproveche la escara remuneración del ahorro para captar clientes. «Me cuesta mucho ver que los bancos no quieran ganar cuota de mercado», dijo en Santander.
Según Fernández, el problema del sector financiero español es que existe una especie de oligopolio transparente. Esto es, a las compañías les basta con mirar lo que hacen los demás y se adaptan sin necesidad de pactar precios de forma explícita. “Tenemos un agujero en nuestras herramientas para controlar esta situación, que es una colusión tácita”, aseveró.
Las patronales bancarias —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)—, por su lado, han incidido en que no pueden entrar en la política de cada entidad precio. Y han preferido no valorar la amenaza de posibles cambios legislativos si no crece la remuneración del ahorro de las familias. “No tenemos más información que lo que hemos escuchado hoy. Es muy difícil hacer una valoración”, declaró Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB.
José María Méndez, director general de CECA, tampoco ha querido opinar sobre esta cuestión: «No tenemos nada que decir». Aunque ha asegurado que el sector colaborará en dicho estudio: «Vamos a colaborar en todo lo que nos piden. Exist un grado de competencia muy alto en el sector financiero español».
Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), criticó la estrategia comercial del sector. “Falta de competencia para el proceso de concentración bancaria tras la crisis de 2008. Hay una especie de pacto de no agresión y por eso evitan remonerar más los depósitos”, ha afirmado Suárez.
Más de 30.000 solicitudes
Otro de los temas principales que han centrado el encuentro ha sido la revisión de su funcionamiento y el plan de rescate para hipotecados en apuros por el repunte de la subida de tipos (y del euríbor). Calviño ha grabado en 33.000 las solicitudes entre enero y mayo, tanto a la actualización del Código de Buenas Prácticas como a la ampliación del protocolo para las familias en riesgo de vulnerabilidad.
«Hay que hablar con enorme cautela todavía y está pendiente de la verificación del Banco de España. Con los datos preliminares, las solicitudes se dividen principalmente entre la ampliación del plazo del préstamo, con gelación de las cuotas, y el cambio de hipoteca a tipo variable a tipo fijo”, ha detallado la vicepresidenta económica del Ejecutivo.
De estas solicitudes, un 40% está todavía en tramitación. Por ello, el Gobierno no ha detallado el número de hogares beneficiados por el momento, y deja que sea el Banco de España el que lo cifre. Además, fuera del marco del código, se han producido acuerdos de refinanciación en 29.000 hipotecas. es decir, no se han acogido al protocolo aprobado a final del año pasadopero sí han renegociado con su entidad para paliar el efecto del incremento de la cuota hipotecaria tras la subida experimentada por el euríbor.
Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha avanzado su propuesta de revisar el Código de Buenas Prácticas, para que sirva como red de ayuda a más familias, tras un número de solicitudes menores del esperado. «Hemos propuesto la ampliación de hasta tres años en los créditos hipotecados a tipo variable para primera vivienda», ha anunciado. De esta formada, se trataría de reducir la cuota que estos hogares paganos, aunque estas posibles modificaciones se han aplazado a después de verano.
«Sería prematura cambiar en este momento los códigos y por eso nos hemos emplazado a septiembre para seguir trabajando en estos protocolos», confirmó Calviño. Así, Ejecutivo y sector financiero han acordado dejar pasar estos meses para dar tiempo a los acuerdos y que culmina la traslación de la subida de tipos. «Eso nos obliga a maintenernos alerta y reforzar las medidas establecidas», ha avisado a la vicepresidenta, que vulve a Noticer de una posible ampliación de los requisitos para llegar a más familias.
El as medidas aprobadas el pasado noviembre se divide en dos protocolos: uno, mediante la ampliación del Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, donde se añadieron ayudas para las unidades familiares que ingresaron hata 25.200 euros anuales (veces tres el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, en 14 pagas) , que la carga hipotecaria se les haya incrementado y cuya cuota mensual supere la mitad de los ingresos netos del hogar, lo que se conoce como la tasa de esfuerzo. Estas familias podrán optar por un período de carencia de cinco años del capital con un tipo de interés reducido.
Por otro lado, se sacó adelante un nuevo código para familias en riesgo de ser vulnerable con rentas de hasta 29.400 euros, cuya tasa de esfuerzo supere el 30% y esta, a su vez, se haya alcanzado al menos un 20%. Estos se pueden acoger a un congelamiento de la cuota que dura 12 meses, alargar también hasta siete años el plazo de amortización del préstamo y acogerse a un tipo de interés menor sobre el principal aplazado.
Petición Escasa
Sober el nivel de solicitudes, el número queda muy lejos de los números previstos cuando las negociaciones vieron la fumata blanca. Entonces, en noviembre, el Ejecutivo calculó que este escudo social beneficiase hasta un millón de familias endeudadas. Sin embargo, meses después, el Banco de España calculó que está en rojo, si toman las fechas históricas de adhesión a este tipo de protocolos, llegaría de forma efectiva solo a cerca de 200.000 familias.
Este menor impacto se clara, según el Gobierno y el sector financiero, para una mayor evolución de la economía española y la fortaleza del mercado laboral. Además, «la situación de partida de los hogares está más sana que en otros períodos de subidas de tipos», ha zanjado Calviño.
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