Choques de cordura contra las comunidades del PP al aprobar su nuevo plan antitabaco | Compañía

El Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaco, que pretende, entre otras cosas, ampliar los espacios libres del hombre y sufrir los impuestos del tabaco, seguirá «aunque el PP no tenga apoye». Con esta situación se manifestó este joven de la X roja social, el secretario de Estado de Salud, Javier Padilla. El ministerio tenía previsto informar a las personas de las comunidades sobre su aprobación ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para que no puedan votar. En el lugar, aseguré que la autonomía que decide este jueves es a las 13 horas, si cumplen con el nro.

La mayoría de comunidades hoy no han mostrado una postura oficial, pero unas pocas (todas populares, pero también socialistas, como Navarra) han mostrado desganas ante el plan. Cuando el ministerio presentó la primera versión el pasado 14 de marzo a la Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales de esta región de Consejerías, había llegado el momento de estudiar el documento.

En la siguiente reunión de esta comisión, que celebró las fiestas, Sanidad aceptó a 147 de los 157 amigos presentados. Pero también voté a favor de aprobar el documento, pero esto significa que algunas fuentes autonómicas las gestiona el PP. «El ministerio pidió a otro empresario que reuniera a los niños y a las plantas que no se veían votando, porque las comunidades podían adherirse a este día y a aquel otro lugar las 24 horas del día. Hay gente que utilizó la fórmula más adecuada», explica un asesor popular.

El ministerio ha publicado esta versión del documento, que presumiblemente será el que se apruebe, y que servirá como ruta hacia unas normas tabacaleras con cinco grandes objetivos: prevenir el inicio del consumo de tabaco y productos relacionados. promover el abandono del hábito de fumar y facilitar la asistencia para dejar de fumar, reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados, promover la investigación aplicada y el seguimiento del control del tabaco y fortalecer la coordinación y el establecimiento de relaciones.

Esta estrategia, en teoría, debe sustituir la mención de impuestos, que suele estar asociada a la Hacienda, o una restricción de los lugares donde se puede fumar, como pueden ser las terrazas, siempre que el Congreso imponga una ley al respecto. Esto se hará, como dijo Padilla, con la ayuda de las comunidades del PP.

El Secretario de Estado declaró en X cuáles son sus principales acusaciones Las comunidades respondieron a la suscripción al plan y respondieron a cada una de ellas:

“Es muy rápido y no tuvimos tiempo de valorar el plan”, es una de las acusaciones. En ese momento, Padilla cuestionó que hubiera trabajado durante 15 años y hubiera estado 15 días haciendo las denuncias, que incorporaban a la gran mayoría.

“No hay memoria económica” es otra cosa. El secretario de Estado asegura que los consejeros ministeriales no lo consideran necesario, y que los grandes planes integrales que ha adoptado el consejo interterritorial los tienen en cuenta y también se aprueban.

“La medida general del embalaje no tiene bibliografía”, sugieren determinadas comunidades para referirse a una de las propuestas del plan: que las marcas no puedan aparecer en las cajas de tabaco, y que todas tengan un aspecto similar, algo que se ha demostrado para reducir las ventas en otros países, como Australia. En la bibliografía en planta aparece un apartamento con 20 referencias.

Las comunidades también reaccionaron afirmando que “si sufren los impactos del tabaco, deben ser finalistas”. Se opone a que los impuestos finales al tabaco sean “un dudoso” encaje en el ordenamiento jurídico español y que Sanidad espera que la subida del impuesto suponga una reducción de la recaudación por su impacto en el consumo.

Otra crítica se refiere al hecho de que “los espacios habitables libres, como las terrazas, deben ser voluntarios y tener incentivos fiscales”. Incluso si el plan no menciona terrazas, será posible ampliar los espacios libres para vivir. Existe el argumento de que es voluntario y no funcional. “Cuando no hay motivaciones que puedan hacer que el público se oponga a medidas de sentimiento común, sólo se empeora en los aspectos formales. Esta semana debes decidir quién, una vez más, está en un lugar donde los años demuestran que no has tenido ganas de estar”, concluyó el secretario de Estado.

EL PAÍS está en contacto con todas las comunidades autónomas para determinar su postura ante el plan. El ayuntamiento no tuvo respuesta hoy. Sí lo ha hecho Aragón (PP-Vox), que no se adherirá al plan por su «falta de concreción», entre otras cuestiones. Nuria Gayán, directora general de Salud Pública, expresó su preocupación por el estado de salud para comprobar sin consenso y con «prisa» una norma de esta «importancia». “Un plan sin asignaciones económicas y sin un calendario de ejecución nos parece vago. Y también tenemos la impresión de que no se consideran estrategias basadas en la autorregulación de la creación voluntaria de espacios de vida libres y con una singularidad, que presuma de concienciación, y que tenga resultados positivos en determinadas comunidades. Tampoco dice que estos son los espacios libres del hombre, el ministerio dice que usted lo dirigió después, y no sabemos a qué se refiere: si campus universitarios, espacios deportivos, terrazas de hoteles…”, explicó.

Se incorporará a Navarra (PSOE), pero con «todas las precauciones». Su asesor de salud, Fernando Domínguez, lo justificó porque es “de opinión de aspectos generales, sin información”. “No sabemos lo que implica la membresía total o parcial, no hemos tenido tiempo de valorar el texto con todas las acciones y también sabemos que podemos involucrarnos en la legislación de espacios sin humanidad”, afirmó.

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