El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunió el lunes para evaluar la posibilidad de lanzar un referéndum sobre la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro, que supuestamente excedió los límites de financiamiento autorizados. Este panel, compuesto por 10 jueces seleccionados por el Congreso, necesita el apoyo de al menos seis para decidir sobre una investigación.
Dos jueces, uno de ellos del partido de oposición, dijeron que la campaña de Peter podría haber violado los límites financieros en alrededor de 1,2 millones de dólares. Los demás jueces revisan este informe antes de votar.
La posible investigación ha desatado un intenso debate político y jurídico. Hay dudas sobre la competencia del Consejo para investigar al Presidente, que tiene jurisdicción especial y debería ser analizada por el Comité de Investigaciones y Enjuiciamiento de la Cámara de Representantes. Petro ha descrito la investigación como un intento de “golpe de estado al estilo colombiano” y teme que pueda conducir a un juicio político.
El Consejo de Estado aclaró que aunque el presidente tiene inmunidad, el Consejo puede investigar y aplicar sanciones económicas. Sin embargo, corresponde al Congreso realizar una investigación más profunda y destituir al presidente si es necesario. En las últimas tres décadas, ningún presidente colombiano ha sido destituido de su cargo mediante juicio político.
El abogado de Petro, Héctor Carvajal, presentó un recurso de apelación ante el Consejo Estatal para la Protección de la Inmunidad Presidencial y advirtió que presentaría un recurso ante la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si se abriera una investigación. A pesar de las críticas, el Consejo reafirmó su autoridad para investigar las campañas electorales y subrayó que la inmunidad presidencial no está en duda.
