El PP recusa a la magistrada Laura Díez, encargada del fallo sobre el recuento de los votos nulos en Madrid | España

La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez (segunda desde la izquierda) interviene junto a otras magistradas del órgano de garantías en un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.Gabriel Luengas (Europa Press)

El PP ha recusado a la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez con el propósito de apartarla de la resolución del recurso que presentó el PSOE para que vuelvan a recontarse los votos de las elecciones del 23-J declarados nulos en Madrid. A juicio de los populares Díez crece de imparcialidad por haber sido asesora del Ministerio de la Presidencia durante la pasada legislatura. En medios del tribunal se estima poco probable que la recusación prospere, a tenor de la doctrina del Constitucional en esta materia, aplicada en diversos casos recientes, en el sentido de que la trayectoria de los magistrados es precisamente un dato relevante para su elección y no debe servir para cuestionar sin más su imparcialidad.

La iniciativa del PP, en todo caso, supondrá un leve retraso en la resolución del recurso presentado por los socialistas para que se efectúe el recuento de los votos emitidos en la circunscripción madrileña y que fueron declarados nulos. El PSOE quiere quemar este último cartucho para tratar de obtener un escaño más que los 121 que le han sido reconocidos en el recuento oficial. De ese escaño puede depender que al Gobierno le baste la abstención de Junts, y no su voto favorable, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, si este mes de septiembre fracasa la de Feijóo y el líder socialista recibe el encargo del Rey para tratar de obtener la confianza del Congreso.

El ponente del incidente de recusación contra Laura Díez —perteneciente al grupo progresista— es César Tolosa, integrante del sector conservador del tribunal. La decisión sobre apartarla o no de este asunto tiene una especial relevancia, por cuanto Díez es precisamente la magistrada a la que le corresponde elaborar la ponencia o borrador de resolución sobre el recurso del PSOE. Apartarla del caso supondría tener que nombrar a otro ponente del asunto, lo que retrasaría la resolución sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si existe o no causa justificada para repetir el recuento de dichos votos nulos.

En caso de que la recusación se rechace, lo más probable es que el Constitucional resuelva si admite el nuevo recuento el próximo martes. Antes tendrá que recibir el informe pedido a la Fiscalía del tribunal. Los fiscales ya se manifestaron a favor de la repetición del recuento cuando informaron sobre este caso ante el Supremo, que denegó la solicitud del PSOE. En esencia, tanto la Junta Electoral de Madrid, como luego la Central, y el Supremo, han considerado que no debe accederse a la petición de los socialistas porque no se ha argumentado suficientemente la causa de que se cuestione la exactitud del recuento. El PSOE, a su vez, estima que para una nueva contabilización de los votos nulos debe bastar la solicitud de la fuerza política que se crea perjudicada por cualquier error que haya podido cometerse.

La decisión sobre el recurso corresponde a la Sala Segunda del tribunal, presidida por Inmaculada Montalbán, e integrada por los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo —ambos del grupo conservador—, y por Ramón Sáez, María Luisa Balaguer y Laura Díez. Estos tres últimos magistrados son del bloque progresista, con lo que el equilibrio en dicha Sala es de cuatro componentes de este sector por dos del conservador.

Tolosa y Arnaldo votaron la semana pasada en contra de la admisión a trámite del recurso, aprobada por los votos de los otros cuatro magistrados. Arnaldo anunció un voto particular por escrito, dado a conocer este jueves, en el que sostiene que de acuerdo con la ley Electoral el PSOE no tiene un “derecho general e incondicionado a la revisión de los votos nulos no protestados en el acto del escrutinio general”. Por tanto, estima que “no ha existido en el presente caso lesión alguna de los derechos fundamentales de participación política que alega el partido recurrente”.

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