La Audiencia Nacional se traga la decisión del juicio García-Castellón de exculpar a Esperanza Aguirre e Ignacio González del “caso púnico” | España

La Audiencia Nacional aprueba la decisión del partido caso punible, Manuel García-Castellón, archivado del artículo sobre la presunción de financiación irregular del PP madrileño entre 2007 y 2011 para los presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.

El auto de la plaza de la Sala de lo Penal escogió el recurso interpuesto por la acusación popular expulsada de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), relativa al PSOE, contra el auto de procedimiento de paso a breviado (equivalente al procedimiento ) del partido. La fiscalía revocó la suspensión a un total de 61 personas, entre las que también se encontraban los asesores del PP Manuel Lamela, Salvador Victoria o Juan José Güemes, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Francisco Javier López Madrid, y el PP, al quería que se tuviera como responsable civil subsidiario.

En auto, en octubre de 2022, el magistrado propuso procesar al fiscal madrileño Francisco Granados, el exagente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, con otras personas investigadas por la presunción de financiación irregular del partido durante las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posición online de altos cargos.

El magistrado ya se ha hecho responsable de la causa de los presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, de acuerdo con los criterios de la fiscalidad anticorrupción, ligados fundamentalmente a la prescripción y a la cuestión de la prueba sólida. Un año antes, la partida se la había hecho la causa a la misma presidenta Cristina Cifuentes. La sala coincide con este punto de vista. «No es lógico que (…) después de 10 años de instrucciones de operaciones y más de cuatro de esta pieza concreta, consideremos prematuramente la decisión de la prescripción de quienes han hecho investigaciones en profundidad», explica. auto.

La Sala afirma por su parte que «no hay certeza» de que la presidenta madrileña y el PP madrileño Esperanza Aguirre «utilizaran las competencias que se juzgaban en su condición» de la presidenta de Fundescam, por lo que «nadie por sí solo puede concluir que ningún uso independiente de los fondos de la fundación” por parte de Aguirre, aunque de una conversación telefónica que tuvo con Ignacio González, los magistrados dedujeron que “ignora todo lo que eran las funciones de la fundación señaladas”.

En una conversación, en la que la acusación adujo en su recurso y reproducción automática, además de la «operación» de Fundescam y su supuesta utilización «como medio de financiación del Partido Popular madrileño» y en un momento concreto, Aguirre afirmó: «Que «Saltamos el límite de dinero electoral para la campaña, puedo, puedo, pero, desde entonces, Fundescam no ha cobrado».

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Durante los años de investigación, los 79 acusados ​​fueron enviados por el magistrado en solitario a pistas para enviarlos en el banquillo a alguien. En el caso de Aguirre y González, los delitos de falsedad electoral ganadas en las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estaban prescritos, por lo que el jugador decidió no ser remitido a los tribunales. Además, recordó la sala, no había indicios de malversación de fondos en relación con González «no hay datos incriminatorios sobre el plan ficticio de la élite del Partido Popular a favor de su financiación».