La Comisión de Venecia considera que las leyes de amnistía responden a “un objetivo legítimo en interés de la comunidad”, al igual que el organismo consultivo Consejo de Europa, “la unidad nacional y la reconciliación social y política”. Reconoce así el mandato de su ley de amnistía que se transmite a las Cortes y aceptó una petición del Senado, del presidente y del ayuntamiento del PP para mejorar la norma. Sin un embargo, el comité espera que limitar la vía de emergencia no sería apropiado para este tipo de ley de clemencia. Su consideración no se refiere específicamente a la norma española, pero sí asegura al organismo en el documento al que tiene acceso el PAÍS, las consideraciones generales sobre cómo se debe abordar la regulación de las amnistías en los estados europeos.
“Las amnistías deben mantener un objetivo legítimo en interés de la comunidad; “Cuanto más radicales sean las amnistías, más legítimo será el objeto del debería”, declaró la organización. “La unidad nacional y la reconciliación social y política son los objetivos legítimos de las amnistías. Según la opinión de la Comisión [de Venecia], la proporcionalidad requiere que, en cada caso, la amnistía ofrezca un medio adecuado para registrar en última instancia la unidad y la reconciliación”. La reconciliación en Cataluña es una de las principales justificaciones de la propuesta de ley impulsada por el PSOE en las Cortes.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que afecta a la actual transmisión, que se adopta por el procedimiento de urgencia, extremo que, sin mencionar específicamente la norma española pero sí cuestiones generales sobre la transmisión, la censura prescrita. “El procedimiento de emergencia no es (…) apropiado para la adopción de leyes de amnistía, porque las consecuencias de su amplio alcance y naturaleza se han visto comprometidas por estas leyes.”
La Comisión advierte y señala que no entrará en el debate político, y “en particular”, que no se hará ningún comentario sobre “la conveniencia del proyecto de amnistía, ni sobre su identidad para registrar su objeto declarado, porque son asuntos políticos”. decisiones que corresponden al Gobierno y al Parlamento español.”
Además, en lo que respecta a las personas sobre la constitucionalidad de la norma, la Comisión de Venecia informa que no es competente para pronunciarse, pues puede tratar “una razón que corresponde en última instancia decidir al Tribunal Constitucional español, y sobre lo que Expertos constitucionales españoles “deben debate”. Tampoco cobra méritos si la norma que se debate en España es compatible con el derecho comunitario.
En diciembre, el pleno de la Comisión de Venecia, organismo dependiente de esta institución formado por 46 estados del continente, aceptó la petición del Senado español para emitir información y su dictamen sobre el proyecto de ley que se aprueba en las Cortes para amnistía los delitos que puedan surgir durante el proceso.
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