La justicia europea retira la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont | España

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria del ex presidente Carles Puigdemont y los también catalanes eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, lo que da da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para volver a emitir una orden de tención europea (ODE) reclamando su entrega a España. Cabe recurso contra esta decisión, que también obliga a los políticos de JuntsxCat a asumir sus gastos del juicio y los de la Eurocámara contra la que habían recurrido.

En un mensaje en las redes sociales, Puigdemont ha confirmado nada más conocer la sentencia de la Sala Sexta ampliada del tribunal de primera instancia de Luxemburgo que recurrirán la decisión. “Nada se acaba, todo lo contrario. Do everything. ganar la libertad”, ha tuiteado el expresident catalán desde Bruselas.

En mayo de 2021, los eurodiputados independentistas solicitaron ante el TGUE la anulación de la decisión de la Eurocámara de aceptar, por mayoría, el suplicatorio ampliado enviado al Supremo desde Madrid para poder actuar contra ellos. La sentencia de este miércoles del tribunal con sede en Luxemburgo desestima el recurso de los políticos catalanes, qu’alegaban “persecución política” para recuperar de forma permanente la inmunidad, y vulve a dejar la iniciativa en manos del Supremo, que puede reactivar las euroórdenes dictadas contra ellos y que estaban en suspenso a la espera de lo que decidirá la justicia europea.

El TGUE ha desestimado todos los motivos formulados por los eurodiputados, “en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido procesojudiciary no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados”, según el comunicado oficial de la institución judicial de Luxemburgo. Además, agrega, “al examinar un suplicatorio de suspensión de inmunidad, no matche al Parlamento analizar la legalidad de los actos españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales”. La TGUE también subestimó la pérdida de “imparcialidad” alegada por la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí debido a que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó el levantamiento de su inmunidad es el español Adrián Vázquez, de Ciudadanos , un partido que, según la línea de defensa de los eurodiputados catalanes, ha mostrado “hostilidad” hacia el independentismo. Al respecto, la TGUE señala que un eurodiputado “por, definición, no es políticamente neutral”, pero que “actúa no obstante en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento”.

En un mensaje publicado en Twitter, Vázquez señaló que como presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos responde a la sentencia dictada por el TGUE. “Celebro, además, que tal sentencia respalde los trabajos y el buennum del Parlamento Europeo y el proceso de inmunidad lelevado a cabo por la Comisión”.

Una vez que el TGUE ha levantado la inmunidad, el ex presidente Ha perdido el shieldaje que hasta ahora le hacía intocable en Europa y volverán a ponerse en marche los trámites para su entrega. La situación vulve al punto de partida anterior a que Puigdemont fuera elegido eurodiputado y se arriesgará a ser detenido si sale de Bélgica, como ya ocurrió en la primavera de 2018, cuando fue arrestado en Alemania mientras ba a Bélgica tras viajar a Finlandia.

El juez del Supremo esperará a leer la sentencia dictada este miércoles, pero su intención es dictar nuevas euroórdenes por los delitos de malversación y desobediencia contra Puigdemont y Comín. Ambos estaban reclamados por sedición, pero la reciente reforma penal que ha derogado este delito ha hecho decaer esa parte del procesamiento. Pero el alto tribunal también es consciente de que la retirada de la inmunidad y la emisión de una nueva euroorden no implican una entrada automática de Puigdemont por parte de Bélgica, país que sompre ha mostrado reacio a entregar a delincuentes reclamaciones por España.

Durante la audiencia pública del caso, el pasado noviembre, el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz, indicó que la decisión inicial de reconocer como eurodiputados al expresidente catalán es los otros dos directos independentistas fue “probablemente ilegal”, dado que la Junta Electoral Central nunca los llegó a confirmar como Eurodiputados españoles. “El Parlamento Europeo ha tratado correctamente a los solicitantes: enero de 2020 se les permisos asumir su escaño en el Parlamento de forma provisional y, como hemos visto por una sentencia del TGUE, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento nunca ha recibido notificación de que los buscadores han sido nombrados en España y han respetado los requisitos exigidos”, ha explicado el representante legal de la Eurocámara. Yeso demuestra, insiste, que “el Parlamento ha tenido un comportamiento totalmente correcto con los demandantes”. Un extremo que ha confirmado hoy el TGUE .

La defensa de los independentistas políticos ya ha adelantado que recurrirán de inmediato la decisión de este órgano de primera instancia ante la institución superior, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Además, mientras este delibera una decisión final, pedirán nuevamente medidas cautelares como las qu’ya les concedieron en mayo del año pasado y qu’les devolvieron provisionalement la inmunidad ahora de nueva retirada. La defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye, mantiene así la línea seguida durante todo el laberíntico proceso judicial que han protagonizado los Eurodiputados Independentistas desde su huida de España a finales de octubre de 2017.

El recurso a la decisión de este miércoles ante la instancia judicial superior responde a las tácticas dilatorias de los políticos independentistas que llevan jugando al gato y el ratón con la justicia española desde que fueron elegidos eurodiputados, en la primavera de 2019. De hecho, la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí calcularon que la decisión del TJUE podría retrasarse un máximo de seis a ocho meses, lo que les permitirá agotar casi por completo su mandato, ya que las elecciones europeas han sido fijadas para comienzos de junio de 2024.

En todo caso, la posibilidad de interponer recurso no demorará los siguientes pasos del Supremo, que prevén lanzar la orden de tención sin esperar a que las posibles impugnaciones se presenten y se resuelvan. Pero la defensa de los políticos catalanes confía en que el juez belga, que debería decidir sobre la eventual euroorden, actúe con la cautela que ha mostrado hasta ahora y no se pronuncia hasta que el TJUE dicte una decisión definitiva.

La posibilidad de que Llarena dicte una nueva orden europea de detención está vista para la defensa de los Eurodiputados Independentistas como un error de derecho porque, según su interpretación, el juez del Tribunal Supremo debería pedir un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo antes de emitir una nueva euroorden . Afirman que el suplicatorio solicitado en 2020 ha perdido su validad, puesto que fue realizado para seguir repentinamente la euroorden que se eliminará el pasado 12 de enero, cuando modificó los por los que delitos reclaman a los eurodiputados independentistas catalanes, tras la reforma del código penal .

Mientras que, originalmente, el juez Llarena había procesado a Puigdemont y Comín por sedición y malversación, ya Ponsatí por sedición, tras la reforma legal ya solo reclama al ex presidente ya su antiguo consejero por malversación agravada y desobediencia, mientras que a Ponsatí por desobediencia.

Fuentes jurídicas discrepan de esta interpretación y sostienen que el suplicatorio se emitió por unos hechos (la participación de Puigdemont, Comín y Ponsatí en el proceso) que no han cambiado, por lo que aunque se haya modificado su calificación jurídica, el permiso que concedió la Eurocámara sigue siendo válida.