Los sindicatos acuerdan dialogar con la Generalitat sobre el tema, hacia la celda, donde serán trasladados a una cocina | Noticias de Cataluña

La decisión del Departamento de Justicia catalán de aceptar es la renuncia del director de la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona, a iniciar el conflicto laboral abandonado por la agencia de una cocina del centro, de la mano de una presión eso luego ocurrió. suicidio. Durante dos semanas de protestas, sus sindicatos enviaron durante la noche el mensaje de que finalmente aceptaron ser enviados a la mesa de negociaciones. El gesto de buena voluntad, sin embargo, va acompañado del anuncio de la convocatoria de las dos jornadas de Huelga, coincidiendo con la campaña electoral.

Hasta el momento, el director del centro penitenciario, Paco Romero, ha tomado la decisión judicial de hacerse cargo de sus asuntos, el día 6. La Generalitat, por tanto, no ha aceptado, esperando conocer el resultado de su investigación interna sobre el éxito. No está claro que el movimiento se haya producido durante el ataque a un condenado en 2016, hace 11 años en prisión, para someter a una cuchillada de una prostituta, que tenía buenos datos de conducta sostenida en el tiempo y contaba con un buen nivel de reinserción. Los firmantes habían puesto desde un primer momento la misión del secretario de Estado de Sanciones Penales, Amand Calderó, como condición previa para negociar el derecho de protesta invocado con motivo de la tragedia y forzar la contención de las presiones sobre sus células.

La decisión de la concejala de Justicia, Gemma Ubasart, de mantener a Calderó fue muy mal recibida por los sindicatos. Sin las ambas, el conflicto realmente no tenía un resultado posible. La entrevista fue con la vicepresidenta catalana Laura Vilagrà y, tras el anuncio de un reportaje sobre Mas d’Enric, los sindicatos finalmente pudieron enviar «representantes válidos» de la administración, aunque se sacrificó una pantalla «de un hombre» y insiste. En relación con la misión del secretario, debe estar al tanto de cualquier cuestión relativa a las condiciones de trabajo. La portavoz de los socialistas, Alícia Romero, criticó el paso de la Red Social X (antes Twitter) por el cambio hacia el centro que llegó con dos semanas de retraso.

En una nota de prensa enviada a los dos últimos días de estas madres, el vigilante explica que el exdirector de Mas d’Enric y Caldero aceptó el movimiento y agravó el trabajo que hacía para Romero desde 2005 -inauguró entonces el equipamiento penitenciario- y Explica que a partir de ahora asumirá “nuevas responsabilidades directivas”. No sabes exactamente cuándo vas a recoger al sustituto, pero en ese momento has servido para romper el punto muerto.

La complejidad del primer caso del abogado de un trabajador en prisión en la historia reciente de España es que la justicia aceptó la propuesta de Romero y anunció que exonerará sus responsabilidades una vez conozca la información interna cargada. Este llamado a la acción con el cable de la niña no está enviando buenos comentarios a los sindicatos de trabajadores penitenciarios, que automáticamente están marchando hacia la guerra. Desde hace años, sin visibilidad alguna, frente a otros colectivos similares a maestros y docentes, la tragedia les ha permitido transmitir el descontento acumulado por la respuesta a sus preguntas -el juego de sus condiciones laborales no reclama desde 2006-. y optó por la tensión. la cuerda.

Romero, funcionario penitenciario desde 1988, dirigió la antigua prisión de Tarragona entre 2005 y 2015 y era el encargado de gestionar el trayecto desde el centro hasta Mas d’Enric. Justicia pone en valor su trayectoria y por ello decide mantenerlo dentro de la estructura, en un puesto que será anunciado próximamente. No existe ninguna solicitud específica al Diario Oficial de la Generalidad Pública para la denominación de su informe.

Estas funciones tuvieron lugar un día después de que los equipos directivos de las cárceles de Lledoners (Barcelona) y Ponent (Lleida) decidieran retirarse del trabajo en la cocina por cargos de asesinato. Desde 2015, todas las cocinas de los centros penitenciarios dependen del Centro de Iniciativas de Reintegración, la empresa pública que gestiona la bolsa de empleo. Sin embargo, la circular que contiene las recomendaciones para la elección de perfiles data de 2002 y no se refiere al riesgo específico de esta actividad.

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