El presidente argentino, Javier Milei, retomó su agenda de minimizar el gasto durante las fiestas navideñas. En la tercera semana de gobierno, el diputado ultraliberal confirmó un decreto que otorga contratos a los trabajadores estatutarios que ingresarán en el último año. El Gobierno calcula que «más de 5.000» de los afectados, entre otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000, una cifra que podría aumentar, ya que el Gobierno también ha revisado en los próximos 90 días los contratos de los trabajadores del sector público contratados antes del 1 de enero de 2023 y los sindicatos están en alerta.
El decreto publicado es el de marzo en el Boletín Oficial que estipula que los contratos de los trabajadores estatales no se renovarán a partir del 1 de enero de 2023. La medida considera ciertas excepciones: por ejemplo, se exceptúa a los trabajadores de que su parte “vales regulados” para otros tipos de protecciones especiales”, como personas con discapacidad, o personal que se considera “esencial” para una jurisdicción. El texto también prevé que del resto de contratos se hará de alguna manera “un informe exhaustivo” en los próximos 90 días.
En su primer discurso como presidente, Milei había previsto el ajuste que prometía al gobierno pagar al Estado y al sector privado. El recorte lo ocupó el Gabinete de Ministros, porque el ultrarechista limitó el número de tarjetas a nueve, la mitad de las que tenía en la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como parte de las primeras medidas económicas la reducción de la planta estatal. El decreto publicado esta semana es un paso más en el camino del gobierno y permite «registrar un mejor funcionamiento de la administración pública».
El sector público argentino tiene un total de 3,5 millones de asalariados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, lo que representa en parte una década para la administración nacional. Los residuos personales de estos últimos representan el 2,2% del PIB, según un informante de la consultora general – Fundación Mediterránea, porcentaje que se ha ido reduciendo desde 2015, cuando era del 3,3% del PIB. Según este análisis, la participación del empleo público en el presupuesto “es cercana a la de los países escandinavos y las antípodas de Japón y Alemania”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó el decreto de “agresión” contra estos trabajadores y consideró en un comunicado que los empleados públicos “en todos los casos en que asuman responsabilidades que les sean esenciales”. «Que esperemos que no aceptemos ni un solo desesperado», advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un comunicado de prensa financiado por la organización, en el que advierte que el sindicato reclama «profundamente ” su “plan de caza”.
El reclamo se hará este miércoles en una convocatoria de las centrales sindicales del país para exigir también que el decreto firme de Milei tenga una semana de 300 reformas para destruir al Estado argentino. El presidente presentó el pasado miércoles otro decreto de necesidad y emergencia que se desvía de las leyes, eliminando décadas de regulaciones estatales, permitiendo la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abriendo la puerta a operaciones en dólares. También desde el punto de vista de la flexibilidad del mercado laboral y del sistema sanitario.
Las demandas de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei es en los sectores más vulnerables de la población, se encuentran en un clima de tensión marcado por un nuevo protocolo contra las calles. El plan fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al mismo tiempo que las medidas económicas y entró en práctica por primera vez el 20 de diciembre, cuando kilómetros de personas participaron en protestas contra las fuerzas de seguridad.
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