Supremo de EE.UU. extiende bloqueo a la ley antimigrantes de Texas | Internacional

El Supremo advirtió en el último momento de su bloqueo a los antiinmigrantes durante el mayor tiempo posible en Estados Unidos. El joven conservador Samuel Alito emitió la orden a finales del mes pasado, pocos minutos antes de desactivar el plazo, una orden que desencadenó el proceso de evaluación prescriptiva de la contaminación, que permite a las agencias de seguridad locales solicitar documentos a cualquier persona subestimada por un abogado. al país de manera irregular. El aspecto más controvertido de la ley, conocida como SB4, es que establece un sistema que permite a las autoridades estatales iniciar la expulsión de personas a México, facultad exclusiva hasta ahora del gobierno federal. La decisión de Alito no estableció un nuevo límite sobre cuándo entraría en vigor la SB4.

El Tribunal Constitucional comenzó a hacer entrar en vigor la polémica norma, que preveía penas de hasta 20 años de prisión por cruzar la frontera de forma irregular. Alito vio el bloqueo el 4 de marzo, horas antes de que la ley entrara en vigor. Esta fue una decisión temporal que se centró en el tiempo de las actividades para determinar los próximos pasos. Jugó en la cancha hasta el 13 de marzo y luego decidió intervenir para aguantar la final hasta el 18 de marzo. La ley debía haber entrado en vigor a partir de las 16.00 horas (hora de Texas) para ser aplicada a los 254 condados si el Supremo no se pronuncia. La medida de Alito se produjo minutos antes de que la ley entrara en vigor.

La SB4 fue promulgada en diciembre por el gobernador Greg Abbott, quien abandonó una dura batalla contra la inmigración ilegal. El procurador impuso la ley en la zona del Valle del Río Grande, zona fronteriza que ha visto un paulatino aumento del flujo migratorio. Y batí todos los récords en número de detenciones. Por ello, las autoridades de seguridad interior aseguran que están procesando los diarios de 5.000 personas en la frontera. Los republicanos dicen que 3,3 millones de personas han entrado a Estados Unidos durante la presidencia de Biden. El número de detenciones disminuyó a la llegada de 2024.

Un tribunal de distrito federal argumentó que la ley impuesta por Abbott es inconstitucional. El magistrado asegura que las normas de las autoridades estatales de las facultades de regulación migratoria son las únicas competentes ante el ejecutivo federal. El IRS de Texas tomó la decisión y defendió asegurando que la SB4 imitaba las leyes federales para “abordar la crisis actual en la frontera”. La SB4 permite que las políticas locales se apliquen en cualquier lugar práctico, excepto escuelas, iglesias, hospitales y centros de salud.

El Quinto Circuito de Apelaciones, sin embargo, es la razón del gobierno de Texas. El panel de jueces del gobierno federal se reunirá dentro de unos días para retomar su decisión. La llamada se produjo de inmediato. Le sorprende que el destino de este país se dirija hacia Washington, dentro de los muros del Supremo. Lo anunció el propio Gobernador Abbott pensando que un distrito lo consideraba inconstitucional.

El Departamento de Justicia fue informado por la Suprema del caso donde la SB4 podría modificar «la statu quo que ha existido entre Estados Unidos y los Estados Unidos en el contexto de la inmigración durante 150 años. A petición suya, la administración del presidente Biden trazó similitudes entre esta y otra famosa ley antimigrantes, la SB1070, promulgada por Arizona en 2010.

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Esto permite a las fuerzas de seguridad locales enviar documentos en caso de que necesite ingresar al país ilegalmente. La norma, aprobada por una legislación controlada por los republicanos, se aplica en los tribunales desde hace dos años. En junio de 2012, el Supremo invalidó varios aspectos de la norma y permitió que otros siguieran vigentes. Aquí se dijo que sólo el gobierno federal tiene el poder de dictar leyes contra la inmigración ilegal.

Quizás la SB4 no haya entrado en vigor, pero el texto de la ley es que las comunidades de inmigrantes tienen la custodia en la cima. El Consulado Rojo de México en Texas, integrado por varias oficinas en varias ciudades, lanzó esta semana sesiones informativas para conocer posibles novedades en la norma. El gobierno mexicano ha aplicado categóricamente la ley de consideración que se utilizará para perseguir a las personas de color.

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