Juan Merchán, el juego de caso de Stormy Daniels, El 11 de julio leerá la sentencia que se imputará a Donald Trump por los 34 delitos de falsificación documental de los que fue culpable un jurado neoyorquino en relación con el libro negro con una actriz porno en los medios de comunicación de las elecciones que en 2016 tuvo lugar en Casa Blanca. En otra concatenación de acontecimientos sin precedentes en la historia estadounidense, cuatro días después, el 15 de julio, comenzó la Convención Nacional Republicana en Milwaukee y, con toda seguridad, Trump será designado oficialmente como candidato del partido conservador.
Hasta que un presidente estadounidense se enfrentó a un caso penal, y mucho menos a cuatro, no había sido declarado culpable, en ese momento, del primero de ellos. Tampoco es nunca un candidato a las elecciones (previstas para el quinto mes de noviembre) que haya atravesado un trance seductor. Mientras que entre las muchas preguntas que surgen a través de la verdad histórica, hay una: ¿evitar que esta frase siga un cierto modo de camino que Trump espera lo lleve a la Casa Blanca para un segundo mandato?
La respuesta corta es no. Salvo si las noticias negativas sobre sus leyes jurídicas han influido en la mente de los votantes (y, según las últimas encuestas, esto parece poco probable), la Constitución es unánime en que no impide a Trump aspirar al cargo; También prevé la prohibición de ser presidente a un cómplice de la justicia federal, que no quiere ser detenido en prisión, pero que también está en prisión por un delito muy concreto: insurrección. Sí, entonces, si pueden debatir en abstracto si su papel está en la entrada del Capitolio el 6 de enero de 2021, encontrarán esta definición, además es que en los cuatro casos abiertos en su contra, el expresidente será enviado a 91 cargamentos, pero ninguno de ellos es por insurrección.
Trump también se vio sorprendido por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que consideraba como base constitucional las intenciones de ciertos estados, encabezados por Colorado, de coronar los papeles según la sección tercera del décimo orden de la Constitución. Se trata de una adición al texto fundamental aprobado en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil (1861-1865). Sirvió otorgar plenos derechos a los esclavos del Sur y colocar un dic de contención que impedirá que los confederados sulevados quieran expulsar un transporte público y dinamizar el sistema desde el interior.
La condensación del crimen de Trump, que podría tardar cuatro años entre jueces y muchos expertos, aunque poco probable, podría tener consecuencias para los estados que prohíben votar sobre condenas penales. No es el caso de Florida, donde el magnate se ha instalado en su residencia de Mar-a-Lago, en su mansión de Palm Beach. La ley de este estado deriva de la normativa que rige el lugar y lo que se condensa “Nueva York, en este caso”. Y Nueva York ya no está privada de poderes electorales.
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Otra consecuencia de enviar a Trump a prisión es que acompaña la retirada de miembros del servicio secreto designados para su protección. La ley exige acompañar a un presidente las 24 horas del día, durante la semana, independientemente de dónde se encuentre, incluso si ese lugar se encuentra en el medio.
Para encontrar un precedente del éxito de este joven con Trump, están las opciones que se abrieron antes del camino a la Casa Blanca y que retrocedieron más de un escaño, hasta el oscuro caso de un candidato llamado Eugene Debs. En 1920, su campaña desde prisión, como líder del Partido Socialista de América, se vio frustrada por violar la Ley de Espionaje de 1917. Aceptó pronunciar discursos críticos con el periódico de los Estados Unidos -Unidos en la Guerra Mundial-. No entré en Casa Blanca (sólo gané un millón de votos); así es como detuve al republicano Warren Harding. Y esas cifras invalidan el poder del precedente del caso: a diferencia de Trump, que se encuentra en medio de investigaciones sobre el presidente Joe Biden, que se postula para la reelección, Debs nunca tuvo ninguna posibilidad de ganar.
En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General Impide a todo aquel condenado por sentencia firme presentarse a las elecciones o acceder al cargo que se presenta. Tampoco puede condenarse, aunque la resolución no sea firme, a los delitos de rebelión, terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado en el caso de que el sumario establezca la pena de incapacidad para el ejercicio del sufragio. pasivo (ser elegido) inhabilitación o suspensión absoluta o especial para empleo o cargo público.
