En Colombia, la Ley de Utilidad Pública, creada para brindar beneficios de liberación anticipada a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas en pequeña escala, ha sido reconocida como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las beneficiarias, salir de prisión no representa una auténtica libertad. Los desafíos económicos, sociales y legales que deben enfrentar al reinsertarse en la sociedad demuestran que la liberación, aunque fundamental, es solo el comienzo de un extenso y difícil camino hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con restricciones
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con limitaciones
Aunque la ley supone un progreso al permitir que las beneficiarias obtengan su libertad antes de cumplir toda su sentencia, las restricciones prácticas de este beneficio son claras. Al salir de prisión, estas mujeres se enfrentan a un entorno adverso: la carencia de apoyo gubernamental, la discriminación social, las dificultades para acceder a empleos formales y el estigma relacionado con su historial delictivo.
Estigma y discriminación: la carga de un historial judicial
Para las mujeres excarceladas, el proceso de reintegración social está caracterizado por el rechazo que enfrentan en sus comunidades y los prejuicios que las rodean. A pesar de haber cumplido con su pena o haber sido favorecidas por la ley, son vistas con recelo y etiquetadas como reincidentes, sin tener en cuenta las circunstancias que las llevaron a cometer el delito.
Para las mujeres excarceladas, el proceso de reintegración social está marcado por el rechazo que enfrentan en sus comunidades y los prejuicios que las acompañan. Aunque han cumplido con su condena o han sido beneficiarias de la ley, son vistas con desconfianza y catalogadas como delincuentes reincidentes, sin importar las circunstancias que las llevaron a cometer el delito.
A esto se añade que muchas de estas mujeres son madres y las principales proveedoras de sus familias. Su regreso a casa conlleva una lucha constante para sostener a sus seres queridos, a menudo sin contar con el apoyo necesario para cubrir necesidades esenciales como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
A esto se suma el hecho de que muchas de estas mujeres son madres y principales proveedoras de sus hogares. Su regreso a casa implica una lucha constante para mantener a sus familias, a menudo sin el apoyo necesario para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
Falta de programas de apoyo y políticas públicas
Por ejemplo, las mujeres liberadas de prisión rara vez tienen acceso a programas de formación laboral o educación que les permitan reconstruir su vida fuera de la cárcel. Tampoco reciben ayuda psicológica para hacer frente al estrés y la ansiedad originados por su tiempo en prisión y los retos de reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
Por ejemplo, las mujeres excarceladas rara vez cuentan con acceso a programas de capacitación laboral o educación que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para enfrentar el estrés y la ansiedad derivados de su tiempo en prisión y de los desafíos que implica reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
La urgencia de un enfoque integral
La necesidad de un enfoque integral
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.
