Los gremios del Atlántico y Bolívar han mostrado su oposición a las Resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 del Instituto Nacional de Vialidad (INVÍAS), que imponen un impuesto a las ganancias de capital en el corredor costero entre Cartagena y Barranquilla. Argumentan que estas resoluciones violan principios constitucionales y son inconsistentes con la Ley 1819 de 2016 porque no se ha demostrado un beneficio económico claro para los inmuebles afectados.
El Comité Intersindical del Atlántico y el Consejo Sindical de Bolívar solicitaron al Ministerio de Transporte anular estas resoluciones, alegando que no se realizaron los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios y que la ley tributaria se aplicó con carácter retroactivo, en violación de la Constitución.
En un debate en el Congreso, la ministra de Transporte, María Constanza García, defendió el impuesto, diciendo que estaba respaldado por la Ley 1819 y el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, los sindicatos criticaron la metodología para calcular la base imponible y distribuir las contribuciones, señalando la falta de criterios objetivos y la inclusión injusta de los hogares vulnerables.
Los sindicatos también se negaron a destinar ingresos para las obras en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, argumentando que estos proyectos deberían ser parte del presupuesto estatal. Consideran injusta la contribución solicitada, sobre todo porque gran parte del camino es de sentido único.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, interpuso una acción de nulidad contra estas resoluciones, alegando que fueron dictadas sin los estudios técnicos adecuados. En respuesta, el Ministro García confirmó que la información utilizada estaba actualizada y verificada.
Se espera que el impuesto recaude 724 mil millones de pesos y afecte a entre 52.000 y 240.000 propiedades dentro de un radio de 5 kilómetros de la carretera. Para mitigar el impacto, el Ministerio de Transportes ha anunciado que el 40% de las propiedades estarán exentas del impuesto.
