¿Cuáles son los 10 países con las políticas de responsabilidad social empresarial más avanzadas?

La responsabilidad social empresarial ha dejado de sustentarse únicamente en compromisos voluntarios. En ciertas naciones, las organizaciones están obligadas a rendir cuentas acerca de sus repercusiones, auditar los peligros que presentan sus cadenas de suministro, frenar las vulneraciones laborales y justificar la gestión de sus decisiones en materia ambiental y social.

No existe una clasificación oficial que permita señalar, sin discusión, a los diez países «más avanzados». Las normas cambian, sus obligaciones varían según el tamaño de la empresa y una ley exigente no garantiza buenos resultados. La siguiente selección compara la amplitud de las políticas, sus mecanismos de vigilancia y su capacidad para influir en las prácticas empresariales.

Francia: responsabilidad sobre toda la cadena de valor

Francia destaca por su ley de 2017 sobre el deber de vigilancia. Esta exige a determinadas grandes empresas elaborar y aplicar un plan para identificar y prevenir daños graves a los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medioambiente, tanto en sus actividades como en las de ciertos proveedores y subcontratistas.

La ley de 2019 sobre crecimiento y transformación empresarial igualmente facilitó la integración de un fin social en los estatutos y la adopción de la figura de «sociedad con misión». Francia se posiciona como un referente gracias al maridaje entre la prevención de riesgos y la concreción de la misión corporativa, si bien el éxito de cada iniciativa recae en su puesta en marcha y control.

Alemania: obligaciones de diligencia debida para grandes empresas

La ley alemana sobre diligencia debida en las cadenas de suministro entró en vigor en 2023 para empresas que alcanzaban un umbral de 3.000 trabajadores en Alemania; desde 2024, el umbral previsto por la ley se redujo a 1.000. Exige gestionar riesgos relacionados, entre otros asuntos, con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y determinados daños ambientales vinculados a vulneraciones de derechos.

Su característica principal radica en que no resulta suficiente con emitir una mera declaración de intenciones; las organizaciones implicadas se ven en la obligación de implementar mecanismos de evaluación, mitigación, reacción y denuncia. Las eventuales modificaciones en las normativas europeas y estatales exigen verificar periódicamente qué deberes continúan aplicándose.

Noruega: transparencia que puede exigir cualquier persona

La ley noruega de transparencia, en vigor desde el año 2022, exige a las entidades sujetas a su normativa que examinen los riesgos asociados a los derechos humanos y al bienestar laboral dentro de sus procesos productivos y redes de abastecimiento. Asimismo, estas organizaciones se encuentran obligadas a divulgar los resultados de dichos análisis.

Una característica especialmente relevante es el derecho del público a solicitar información sobre cómo una empresa aborda esos riesgos. Así, organizaciones sociales, consumidores y periodistas pueden formular preguntas concretas, más allá de leer informes generales. Noruega también ha utilizado criterios de inversión responsable en la gestión de su fondo soberano, aunque esos criterios no sustituyen las obligaciones propias de las empresas.

Dinamarca: información empresarial y objetivos climáticos

Dinamarca fue pionera al exigir a determinadas grandes empresas que informaran sobre sus políticas de responsabilidad social, sus resultados y, cuando correspondiera, la ausencia de tales políticas. Esta trayectoria favoreció que los asuntos sociales y ambientales pasaran a formar parte de la gestión ordinaria y de la rendición de cuentas.

Su ley climática fija además una reducción nacional de emisiones del 70 % para 2030 respecto de 1990. Esa meta no es, por sí sola, una obligación idéntica para cada compañía, pero orienta la regulación y las decisiones de inversión. Como integrante de la Unión Europea, Dinamarca participa asimismo en el marco europeo de información empresarial sobre sostenibilidad.

Suecia: sostenibilidad integrada en la gestión

Suecia combina exigencias de información no financiera con una larga atención pública a las condiciones de trabajo, la igualdad y el medioambiente. Las empresas comprendidas en sus normas de divulgación deben explicar sus políticas y riesgos relevantes, en lugar de limitarse a presentar iniciativas benéficas aisladas.

El objetivo nacional de alcanzar emisiones netas nulas en 2045 y el uso de criterios de sostenibilidad en empresas estatales y contratación pública refuerzan esa orientación. Conviene distinguir, no obstante, entre una meta climática del país y los resultados verificables de una empresa concreta.

Finlandia: coherencia entre clima, gobernanza e información

Finlandia se ha fijado la meta nacional de alcanzar la neutralidad climática para el año 2035. Su estrategia corporativa también se fundamenta en las normativas europeas de información y en una mentalidad institucional que promueve la rendición de cuentas y el control.

Su fortaleza reside en conectar planificación pública y decisiones privadas: las empresas deben prepararse para explicar cómo identifican sus impactos y riesgos materiales cuando les resultan aplicables las obligaciones de información. El principal desafío es convertir los objetivos y los informes en reducciones comprobables de emisiones y mejoras sociales.

Países Bajos: valor a largo plazo y control de la gobernanza

El modelo de los Países Bajos otorga una relevancia primordial a la generación de valor sostenible a lo largo del tiempo. Las directrices de su código de buen gobierno exigen a las compañías sujetas a esta normativa que evalúen de qué manera sus determinaciones impactan en la continuidad de la corporación y de su ecosistema próximo.

También existen reglas para mejorar el equilibrio de género en los órganos de dirección de determinadas compañías. Junto con las obligaciones europeas aplicables, estas medidas fomentan que los asuntos sociales y ambientales lleguen al consejo de administración. Su límite es claro: una buena estructura de gobierno no demuestra, por sí misma, que se hayan evitado daños en la cadena de suministro.

España: información no financiera, igualdad y contratación pública

La ley española de 2018 sobre información no financiera reforzó la obligación de determinadas empresas de divulgar cuestiones ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Las exigencias dependen de criterios legales de tamaño y otras condiciones: no afectan de la misma forma a todas las sociedades.

España dispone también de planes de igualdad preceptivos para aquellas firmas que superan el límite legal, protocolos destinados a salvaguardar a los informantes de irregularidades y disposiciones que facilitan la incorporación de exigencias sociales y ecológicas en las compras públicas. A modo de ejemplo, un concurso puede ponderar acciones ligadas al propósito del convenio, siempre y cuando se respeten los principios de concurrencia y proporcionalidad.

Reino Unido: transparencia sobre esclavitud moderna y riesgos climáticos

La legislación británica sobre esclavitud moderna promulgada en 2015 obliga a ciertas entidades a difundir anualmente un informe acerca de las acciones emprendidas para combatir la esclavitud y el tráfico de personas dentro de sus operaciones y cadenas de valor. Asimismo, el territorio nacional ha implementado exigencias de transparencia climática para determinadas categorías de corporaciones.

Su experiencia ilustra tanto el valor como el límite de la transparencia: publicar una declaración permite examinar los compromisos de una compañía, pero no prueba que haya identificado todos los abusos ni que los haya corregido. La calidad de los controles y de las medidas posteriores resulta decisiva.

Canadá: atención creciente al trabajo forzoso e infantil

Desde 2024, la legislación federal canadiense exige a determinadas empresas y entidades públicas informar anualmente sobre las medidas adoptadas para reducir el riesgo de trabajo forzoso y trabajo infantil en sus cadenas de suministro. Canadá también cuenta con obligaciones federales de equidad salarial en los sectores comprendidos por la normativa.

Su integración atiende tanto al radio de acción de estas directrices como a su capacidad para optimizar el control de los suministradores. Pese a ello, el deber de comunicar una amenaza no se traduce, por sí solo, en un mandato general para su supresión a lo largo de la red de valor: dicha distinción cobra relevancia al contrastar diferentes naciones.

El siguiente cuadro resume el instrumento principal de cada país y el rasgo que lo distingue.

¿Qué hace que una política sea realmente avanzada?

Más allá de la posición de cada país, las políticas más sólidas suelen reunir varios elementos:

• Prevención: identificar riesgos antes de que se produzca un daño.
• Responsabilidad en la cadena de suministro: examinar también las relaciones comerciales, no solo las instalaciones propias.
• Información útil: publicar riesgos, medidas y resultados con suficiente detalle para permitir su evaluación.
• Vías de reclamación: facilitar que las personas afectadas comuniquen problemas y obtengan respuesta.
• Supervisión: comprobar el cumplimiento y corregir prácticas deficientes.

Diez naciones diferentes evidencian diversos senderos hacia una corporación más consciente: unas se centran en la debida diligencia, mientras que otras apuestan por la apertura, la paridad o el buen gobierno. El examen definitivo no radica en el volumen de promesas proclamadas, sino en la capacidad de los reglamentos para identificar perjuicios, atender las demandas de los afectados y generar avances contrastables.